La Ley de Vivienda Promovida uruguaya se presentó como referente para el mercado internacional
La Ley 18.795 que nació en el 2007 con intenciones de cubrir una demanda insatisfecha en términos de viviendas para uruguayos de todos los niveles, y a su vez impulsar el crecimiento del mercado inmobiliario del país a través de beneficios para desarrolladores, inversores y compradores, se expuso como caso de éxito en una importante convención del sector de la construcción llevada a cabo en Argentina en el día de ayer.
Durante la jornada de la Convención Anual de CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción), uno de los eventos más importantes en Argentina que reúne a los principales actores del sector junto a funcionarios para conversar y debatir sobre el mercado, su situación y posibles propuestas de mejoras, Uruguay tuvo protagonismo con la presentación de su próspera Ley de Vivienda Promovida, que luego de 10 años de implementación, se convirtió en una política referente para su país vecino.
La presentación y exposición de la temática fue llevada a cabo por en el panel «LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA CONSTRUCCIÓN» en donde Ricardo Griot, Prosecretario de CAMARCO, Damian Tabakman, Presidente de la AdiLatam y CEDU, y Fabián Kopel, Director de Kopel Sanchez y referente de este tipo de viviendas por estar desde los comienzos de la Ley, conversaron sobre la situación del sector de la construcción de Uruguay, cómo nació la Ley y sobre los beneficios que generó en el sector. En esa misma línea, conversaron sobre la viabilidad de su aplicación en Argentina.
El panel comenzó con la exposición de Ricardo Griot, quien luego de un breve resumen de la situación actual del mercado, expresó que el déficit habitacional que existe en nuestro país es de casi 3 millones de viviendas e hizo hincapié sobre la ausencia de créditos que dificultan aún más el crecimiento. Luego de eso, invitó al Fabián Kopel a contar sobre la Ley de Vivienda Promovida y de qué forma fue modificando el mercado uruguayo.
«La Ley buscó, en primera instancia, cubrir el déficit habitacional que teníamos en Uruguay. Eran viviendas que no se podían desarrollar desde el Estado y por lo tanto, debía aplicarse desde el ámbito privado, a través de diferentes beneficios que abarcó a promotores, inversores y propietarios. La Ley iba desde exoneración del IVA y la renta para los desarrolladores, pasando por exoneración de impuestos para inversores que adquirían una unidad para alquilar y créditos para los interesados en comprar para vivienda», contó Fabián Kopel, Director de Kopel Sánchez.
«La Ley 18795 nació como una necesidad para dar vivienda social a cada vez más personas en el 2007, y luego fue sostenida por los diferentes gobiernos, como una ley de Estado, lo que hizo que desde entonces todos los gobernantes busquen mejorarla, según las necesidades del mercado y con el objetivo de continuar impulsándola por los claros beneficios que logró generar en términos habitacionales», amplió Fabián Kopel.
Por su parte, en Argentina, Damian Tabakman augura los próximos años con un panorama más claro: «Estamos en momentos en el que uno puede imaginar el devenir de los próximos años. Probablemente en 2023 tengamos muchísimas dificultades, pero lo cierto es que algunas cuestiones empiezan a aclararse y uno comienza a identificar cuál es el rumbo que va a tener la economía argentina en los próximos años, algo que para las variables inmobiliarias es fundamental».
Para finalizar, Ricardo Griot invitó a analizar en profundidad tanto la Ley 18.795 como tantas otras propuestas que existen en Latinoamérica que invitan tanto a públicos como privados a impulsar el crecimiento del mercado inmobiliario y a poder cubrir las más de 3 millones de viviendas que nuestro país aún necesita.
La Ley de Vivienda Promovida que rige hoy en Uruguay está presente desde el 2007 y lleva más de 14.500 viviendas finalizadas y más de 7.500 en construcción en Montevideo y otras tantas en Canelones de la mano de importantes jugadores que apostaron al crecimiento del sector desde los inicios de la ley. Desde Argentina, analizan la posibilidad de implementar una Ley similar a la que rige hoy en el país vecino pero para eso, deberán evaluar si es viable su implementación en el mercado con sus diferencias y similitudes.
